EL MAGISTERIO EN LA ACTUAL COYUNTURA
José Antonio Caro.
Lima, Nov. 2011.
¿Cómo saber en qué evaluar y en qué capacitar a una persona si no compartimos una mínima idea respecto de para qué se le necesita?
Se preparan y aplican leyes y normas que influyen y determinan la situación laboral y pedagógica de los maestros sin tomarse la molestia de especificar cuál es el rol que deberán cumplir en el nuevo escenario.
El objetivo central de la Política 7 del PEN es “Transformar las prácticas pedagógicas en la educación básica”. El Objetivo estratégico 3 dice: “Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia”. Frente a ello, el CNE tiene como bandera que las evaluaciones tendrán como centro el desempeño profesional medido en el aula y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
La Ley de la Carrera Pública Magisterial N° 29062 propone dos tipos de evaluación: Una para el ingreso e incorporación y otra para la permanencia en el servicio docente.. La primera es voluntaria y la segunda obligatoria.
Hasta hoy solo se ha aplicado la primera, para el ingreso por nombramiento y la incorporación de los profesores nombrados bajo los alcances de la Ley del Profesorado N° 24029 y su modificatoria la Ley N ° 25212. Hasta la fecha tenemos al 16.67% del magisterio nacional en la Ley de la Carrera Pública Magisterial; es decir, de los 321 646 docentes del país, 53 612 están en la Ley de la CPM y 268 034 están en la Ley del profesorado. Hay que precisar que, de los 53 612 docentes que están en la CPM 28 646 ingresaron por nombramiento y 24 966 lo hicieron voluntariamente.
Según las declaraciones de la Ministra de Educación Patricia Salas, hay la propuesta de incorporar a la Ley de CPM al 50% del profesorado en los cinco años de gobierno. En los tres años de gobierno aprista se ha incorporado al 16.67%, quedaría por incorporar al 33.33% en el gobierno de Ollanta Humala.
En la Ley de la CPM, la estructura de los niveles tiene la forma de una pirámide inversa, concebida en relación a la carencia presupuestal. En el supuesto de que todos los docentes del país estén incorporados, esta sería la distribución final del magisterio según la Ley de CPM: 128 658 (1er. Nivel–40%), 96495 (2do. Nivel-30%), 48246(3er. Nivel-15%), 32165 (4to. Nivel-10%) y 16082 (5to. Nivel-5%),
Si sumamos el 1er. y 2do. Nivel tendremos 225 153 docentes (70% del magisterio) a cargo del 70% de estudiantes peruanos de básica regular. De los ocho millones de estudiantes, cinco millones 600 mil tendrían docentes sólo de primer y segundo nivel.
La Ley de la CPM no incorpora a favor del docente ningún beneficio pensionario. Las leyes 20530, 19990 y las AFP son independientes de la ley de CPM, por el contrario se recortan derechos y bonificaciones.
¡Cuál es la diferencia entre un profesor de la 24029 y otro de la 29062?
Solamente el sueldo, no hay diferencia en su práctica pedagógica, no ha cambiado su didáctica, no usa otros materiales, entonces no cambia la escuela, por tanto la ley no tiene incidencia en los logros de aprendizaje, condición fundamental para elevar la calidad educativa. Acá tenemos que reflexionar y asumir nuestro rol social, nuestro compromiso con el destino de cada uno de nuestros estudiantes, incidiendo en el desempeño profesional docente. Los gobiernos de turno evalúan papeles del currículo, certificados y títulos adquiridos, que son necesarios pero que no determinan el logro de aprendizajes de los estudiantes.
¿A quién le importa esta escuela? ¿A los grupos de poder? ¿A las clases dominantes?
No, porque ellos tienen sus escuelas con todos los adelantos tecnológicos, con docentes bien remunerados; es decir, tenemos escuelas para ricos y escuelas para pobres.
Cuando Nicolás Linch era Ministro de Educación en el año 2002, el gobierno de Toledo aprobó un incremento de S/100.00 para los maestros. Se acercó a PPK en ese entonces Ministro de Economía y le dijo: ¿Cómo podemos hablar de calidad educativa con cien soles de aumento? PPK le respondió: “¿Y quién dice que los cien soles son para mejorar la calidad educativa? Esos cien soles son para que los maestros no salgan de sus corrales a interrumpir el tránsito”. Esa es la concepción que tiene la derecha de la escuela pública.
El mismo sindicato ha caído desde sus orígenes en el determinismo económico y eso es lo que tenemos que cambiar, porque no es la economía la que determina una buena o mala educación. Hay varios factores y uno de ellos es el docente como profesional de los interaprendizajes. Hay que enseñar a nuestros estudiantes en la vida para la vida, prepararles para enfrentar los retos que nos plantea este mundo cambiante. Hay que vincular el proceso educativo al proceso de desarrollo de la comunidad y del país.
Eso no se logra con esta escuela parcelada en cursos, donde cada uno hace lo que sabe y lo que puede, donde el de matemáticas se dedica a sus teoremas y el de comunicación a sus reglas ortográficas. Si la formación de nuestros estudiantes es integral, por qué no nos detenemos en sus emociones, diversidad, situación económica, organización familiar, culturas, lenguas, sentimientos, habilidades. Eso no hacemos, evaluamos igual a los desiguales y eso es brutal e injusto. Ese tipo de evaluación se replica en el magisterio, se evalúa igual al docente rural, al urbano, al de provincia y al de la capital, al bilingüe y al unidocente, la evaluación docente no califica la investigación, si el maestro se identifica con sus estudiantes, con su escuela, con su localidad y con las familias.
Esas evaluaciones no cambian la escuela y si no cambia la escuela no cambia el país y su proceso de desarrollo. La escuela está para que las niñas y los niños aprendan, logren aprendizajes y en eso la labor docente es fundamental. Lograremos eso cambiando nuestras prácticas pedagógicas, nuestra convivencia en la escuela, nuestro rol y nuestra visión del mundo. Hay que colocar la ética por delante, como timón de barco, para que no ocurran casos brutales como lo sucedido en el Estadio Monumental.
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